El acercamiento de EEUU a Venezuela antes de las elecciones presidenciales 2024

El 23 de diciembre de 2023, Carolina Amoroso me convocó en TN para analizar uno de los movimientos diplomáticos más llamativos del final de año: el acercamiento de Estados Unidos a Venezuela en el período previo a las elecciones presidenciales de 2024. Washington había iniciado un proceso de negociación con el gobierno de Maduro que incluía la flexibilización de algunas sanciones petroleras a cambio de compromisos sobre condiciones electorales. Como miembro dd REDAPPE, analicé qué objetivos perseguía EE.UU. con ese acercamiento, qué estaba en juego en las elecciones venezolanas y cuán viable era, en ese contexto, una salida democrática a la crisis que el país arrastraba desde hacía una década.

EE.UU. y Venezuela: la lógica del acercamiento y los límites de la apuesta democrática

El acercamiento de Estados Unidos a Venezuela en el segundo semestre de 2023 no fue un giro ideológico de la administración Biden ni un abandono de la causa democrática venezolana. Fue una apuesta pragmática, calculada y con horizonte electoral claro: si Washington podía obtener de Maduro compromisos creíbles sobre condiciones electorales mínimas —libertad de candidatos, acceso de observadores, competencia genuina—, la legitimidad de un eventual resultado opositor sería mayor y la transición más manejable. Si Maduro incumplía, EE.UU. podría revertir la flexibilización de sanciones con un costo diplomático menor, habiendo demostrado buena fe.

La herramienta central de ese acercamiento fue el petróleo. La administración Biden flexibilizó temporalmente algunas de las sanciones al sector petrolero venezolano —permitiendo a empresas como Chevron ampliar sus operaciones— a cambio de compromisos del gobierno de Caracas sobre el proceso electoral. Ese intercambio tenía una lógica económica para ambas partes: Venezuela necesitaba divisas y capacidad técnica para mantener una producción petrolera que había colapsado bajo el peso de la mala gestión y las sanciones; EE.UU. necesitaba demostrar que la presión máxima sin salida diplomática no era una estrategia sostenible indefinidamente.

El contexto internacional añadía urgencia al cálculo estadounidense. La guerra en Ucrania había reconfigurado los mercados energéticos globales y Venezuela —con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo— era un factor de diversificación de oferta que Washington no podía ignorar completamente. Además, la crisis migratoria venezolana —con más de siete millones de desplazados en la región, muchos de los cuales estaban llegando a la frontera sur de EE.UU.— daba al expediente venezolano una dimensión doméstica que la administración Biden necesitaba gestionar de cara a un año electoral.

La viabilidad de una salida democrática en ese contexto era, sin embargo, estructuralmente limitada. Maduro había sobrevivido a sanciones, reconocimientos internacionales de presidentes alternativos, intentos de presión militar y el colapso económico del país. Su régimen había desarrollado mecanismos de control —del sistema electoral, del poder judicial, de las fuerzas de seguridad— que hacían extremadamente difícil que una elección genuinamente competitiva produciera un resultado que él no pudiera gestionar. La pregunta que el acercamiento estadounidense no podía responder con certeza era si Maduro estaba dispuesto a ceder el poder si perdía, o si los compromisos electorales serían honrados solo en la medida en que los resultados le favorecieran.

Lo que los meses siguientes terminarían confirmando —con la inhabilitación de candidatos opositores, las restricciones a la campaña de Edmundo González y María Corina Machado, y finalmente el fraude documentado en las elecciones de julio de 2024— es que los compromisos de Maduro tenían el valor que siempre habían tenido: el de una concesión táctica reversible cuando los costos de mantenerla superaban los beneficios. El acercamiento estadounidense había comprado tiempo y visibilidad internacional a la oposición venezolana, pero no había alterado la disposición fundamental del régimen a no perder el poder.

Para América Latina, el episodio dejó una lección que la región conoce bien pero que a veces olvida: las negociaciones con regímenes autoritarios que no tienen incentivos estructurales para ceder el poder producen, en el mejor de los casos, concesiones parciales y reversibles. La diplomacia de la zanahoria funciona cuando el actor que negocia tiene algo que perder si incumple. En el caso venezolano, Maduro demostró que estaba dispuesto a perder el alivio de sanciones antes que el control político.