Las deportaciones del gobierno de Trump

El 22 de marzo de 2025, Gonzalo Báñez me convocó en TN para analizar las deportaciones masivas impulsadas por la administración Trump: una política que va bastante más allá de la gestión migratoria y que opera simultáneamente como señal política interna y como mensaje geopolítico hacia los países de origen y tránsito. Como ex becario Fulbright y coautor de artículos de investigación sobre la política exterior estadounidense, analicé cómo funciona el operativo de deportaciones, qué lógica política lo sustenta y qué consecuencias tiene para América Latina y para la relación de la región con Washington.

Las deportaciones de Trump: por qué una política migratoria es también una doctrina geopolítica

Las deportaciones masivas que la administración Trump comenzó a ejecutar desde los primeros días de su segundo mandato no son, en su lógica profunda, una política migratoria. Son un instrumento de señalización política con tres audiencias simultáneas: la base electoral doméstica, los países de origen de los migrantes, y los aliados y adversarios globales que observan hasta dónde está dispuesto a llegar Washington cuando decide actuar unilateralmente.

El operativo en sí combina elementos que estuvieron presentes en el primer mandato —cooperación con el ICE, acuerdos de tercer país seguro, presión sobre México y Centroamérica— con una escala y una visibilidad deliberadamente ampliadas. El uso de vuelos militares, la cobertura mediática de las operaciones y la retórica de "recuperación del control" no son detalles logísticos: son parte del mensaje. Trump no solo deporta; exhibe que deporta, porque la performance del control es tan importante como el control mismo para su narrativa política.

Para América Latina, el impacto tiene varias capas. La más inmediata es humanitaria y consular: países como Venezuela, El Salvador, Guatemala, Honduras y Ecuador reciben ciudadanos en condiciones precarias, muchas veces sin coordinación previa suficiente, generando presión sobre sistemas de acogida ya frágiles. La segunda capa es económica: las remesas —que en varios países centroamericanos representan entre el 20% y el 25% del PIB— quedan expuestas a una volatilidad que ninguna política fiscal doméstica puede compensar fácilmente.

La tercera capa es la más compleja: la política. Trump utiliza las deportaciones como palanca de negociación con los gobiernos de la región. Los países que cooperan —aceptando vuelos, firmando acuerdos de readmisión, reforzando sus propias fronteras— reciben un trato diferencial en otros expedientes: aranceles, acceso a financiamiento, postura ante foros multilaterales. Los que resisten —o simplemente no tienen capacidad institucional para cooperar a la velocidad que Washington exige— enfrentan consecuencias que van desde amenazas arancelarias hasta deterioro en la relación bilateral.

México es el caso más ilustrativo de esa dinámica. Claudia Sheinbaum heredó una relación bilateral estructuralmente asimétrica y tuvo que navegar entre la presión migratoria de Washington, las demandas de su propia base política y la necesidad de preservar el T-MEC como ancla económica. El resultado fue una cooperación táctica con EE.UU. en materia migratoria que generó tensiones internas pero que Ciudad de México consideró el mal menor frente a un deterioro más profundo de la relación.

Lo que las deportaciones de Trump revelan, en definitiva, es que la política migratoria estadounidense nunca fue solo una cuestión de fronteras: siempre fue también una proyección de poder hacia el hemisferio. La novedad del segundo mandato no es la lógica sino la intensidad y la velocidad con que esa lógica se ejecuta. Para los países de América Latina, eso exige una respuesta que combine defensa de derechos con pragmatismo diplomático —una combinación difícil, pero necesaria.