La formación de gobierno en España tras las elecciones generales 2023

El 29 de julio de 2023, Carolina Amoroso me convocó en TN para analizar uno de los resultados electorales más complejos de la política española reciente: las elecciones generales del 23 de julio que, lejos de producir una mayoría clara, dejaron un escenario de fragmentación parlamentaria donde ganar no era suficiente para gobernar. El PP de Alberto Núñez Feijóo había obtenido más escaños que nadie pero sin mayoría para investirse, y el gobierno de Pedro Sánchez necesitaba una aritmética parlamentaria extraordinariamente difícil de ensamblar. Como especialista en política comparada con residencia e investigación en España y conocimiento directo del sistema político español, analicé qué obstáculos enfrentaba la formación de gobierno y qué revela ese bloqueo sobre las tensiones estructurales del sistema político español contemporáneo.

España sin mayoría: por qué el bloqueo postelectoral de 2023 revela algo más profundo que una crisis de coalición

Las elecciones españolas del 23 de julio de 2023 produjeron un resultado que sintetiza con precisión las tensiones del sistema político español contemporáneo: una fragmentación parlamentaria tan pronunciada que el partido más votado no podía gobernar y el partido en el gobierno necesitaba una coalición de geometría variable que incluía actores con agendas radicalmente incompatibles entre sí y con el ideario tradicional del socialismo español.

El PP de Feijóo obtuvo 137 escaños —la primera fuerza del Congreso— pero sin posibilidad aritmética de llegar a los 176 necesarios para la investidura incluso sumando a Vox y a algunos partidos regionalistas. Esa imposibilidad no fue un accidente: fue el resultado de una estrategia de campaña que apostó a la polarización ideológica para movilizar el voto de derecha pero que, al hacerlo, cerró las puertas a los apoyos de centro y regionalistas moderados que habrían sido necesarios para construir una mayoría alternativa.

Sánchez, por su parte, tenía la aritmética en contra en términos de escaños directos, pero a favor en términos de la disposición de los partidos minoritarios a negociar. La clave de su eventual investidura —que terminaría concretándose meses después— estuvo en la negociación con los partidos independentistas catalanes, especialmente Junts per Catalunya, y en la controvertida ley de amnistía para los implicados en el proceso independentista de 2017. Esa concesión, que Sánchez había descartado explícitamente durante años, fue el precio de los votos necesarios para la investidura y desató uno de los debates políticos más intensos de la democracia española reciente.

Lo que el derrotero de formación de gobierno reveló sobre el sistema político español tiene varias capas. La primera es estructural: el sistema electoral español, con sus circunscripciones provinciales y su fórmula D'Hondt, produce habitualmente gobiernos que necesitan el apoyo de partidos regionalistas para funcionar. Eso no es una anomalía sino una característica del diseño institucional que refleja la naturaleza plurinacional del Estado. La tensión surge cuando esos partidos regionalistas tienen agendas que van más allá de la descentralización ordinaria y plantean cuestiones de soberanía que el resto del arco parlamentario considera incompatibles con el marco constitucional.

La segunda capa es política: la fragmentación del espacio de centroderecha —con PP, Vox y los restos de Ciudadanos compitiendo por el mismo electorado— y del espacio de centroizquierda —con PSOE, Sumar y los partidos independentistas— produce una geometría parlamentaria donde las coaliciones son posibles pero extremadamente costosas en términos de concesiones programáticas y reputacionales. Esa fragmentación no es coyuntural: responde a transformaciones estructurales del electorado español que los análisis de corto plazo tienden a subestimar.

La tercera capa es territorial. El debate sobre la amnistía a los líderes independentistas catalanes no es solo una disputa jurídica: es la expresión de una tensión no resuelta sobre el modelo territorial del Estado español que lleva décadas pendiente y que ningún gobierno —ni de izquierda ni de derecha— ha logrado encauzar de forma duradera. Que esa tensión defina la aritmética parlamentaria en 2023 sugiere que seguirá siendo un factor de inestabilidad política recurrente.