El asalto al Capitolio de los Estados Unidos

El 9 de enero de 2021, tres días después de los eventos que sacudieron al mundo, Carolina Amoroso me convocó en TN para analizar el asalto al Capitolio del 6 de enero: el momento en que una multitud de seguidores de Donald Trump irrumpió en la sede del Congreso de EE.UU. mientras se certificaban los resultados electorales que confirmaban la victoria de Biden. Un evento que, independientemente de su resultado inmediato —la certificación se completó horas después—, representó el quiebre más visible de la institucionalidad democrática estadounidense en décadas y que reconfiguró de forma duradera la percepción global sobre la solidez de la democracia en el país que se había autoproclamado su modelo. Como ex becario Fulbright y autor de artículos académicos sobre política estadounidense, analicé qué significó ese evento y qué reveló sobre el estado de las instituciones democráticas de EE.UU.

El asalto al Capitolio: cuando la democracia más poderosa del mundo se miró al espejo

El 6 de enero de 2021 es una fecha que la historia de la democracia estadounidense no podrá ignorar. No porque el sistema colapsara —no lo hizo— sino porque se reveló, de una forma que ningún análisis abstracto podría haber producido, cuán frágiles son las instituciones cuando quienes deberían defenderlas deciden no hacerlo, o lo hacen demasiado tarde.

El asalto al Capitolio no fue un acto espontáneo. Fue el resultado de semanas de preparación, de una campaña deliberada de desinformación sobre el fraude electoral que Trump y sus aliados habían construido desde la noche misma de las elecciones de noviembre de 2020, y de un mitin presidencial que ese mismo día instruyó a la multitud a marchar hacia el Congreso. La cadena de responsabilidades es documentable y fue documentada posteriormente en el informe del comité especial de la Cámara de Representantes que investigó los eventos. Lo que ocurrió ese día no fue la locura de una multitud descontrolada: fue la consecuencia previsible de un proceso de radicalización política que llevaba años siendo alimentado desde las más altas esferas del poder.

Lo que el asalto reveló sobre las instituciones estadounidenses tiene varias dimensiones que conviene separar. La primera es estructural: el sistema de certificación electoral de EE.UU. resultó ser más vulnerable de lo que la mayoría de los analistas había asumido, porque depende en última instancia de la buena fe de los actores que participan en él. Los mecanismos de contrapeso —el Vicepresidente que preside la sesión de certificación, los estados que certifican sus propios resultados, los tribunales que rechazan las impugnaciones— funcionaron, pero funcionaron bajo una presión que no estaban diseñados para soportar y que en otras circunstancias podría haber producido un resultado diferente.

La segunda dimensión es la del colapso de las normas no escritas. EE.UU. tiene una Constitución relativamente breve y ambigua que funciona porque está rodeada de convenciones, normas y tradiciones no escritas que los actores políticos respetan no porque estén obligados legalmente sino porque el costo de violarlas había sido históricamente demasiado alto. Trump demostró que esas normas pueden violarse impunemente si hay suficiente disposición política para hacerlo y si el partido que debería imponer costos decide no hacerlo. Esa demostración tiene consecuencias que van más allá del caso específico: establece un precedente sobre lo que es posible en la política estadounidense.

La tercera dimensión es geopolítica. EE.UU. había construido durante décadas una parte significativa de su influencia internacional sobre la base de ser el modelo de democracia liberal que otros países deberían aspirar a emular. Las imágenes del Capitolio siendo asaltado —transmitidas en directo por las principales cadenas del mundo— dañaron esa narrativa de una manera que ninguna campaña de propaganda adversaria habría podido producir. China y Rusia las utilizaron inmediatamente para argumentar que la democracia liberal es un sistema frágil e hipócrita, y que los comentarios estadounidenses sobre sus propios déficits democráticos son inconsistentes con lo que ocurre en casa. Ese argumento tenía, después del 6 de enero, más credibilidad empírica de la que había tenido antes.

Lo que los días siguientes mostraron fue también revelador. La velocidad con que buena parte del establishment político estadounidense —incluidos republicanos que habían respaldado las impugnaciones electorales hasta ese momento— se distanció de Trump después del asalto sugirió que el miedo a las consecuencias jurídicas y reputacionales tenía más peso que la lealtad ideológica. Pero esa distancia fue en muchos casos efímera: meses después, el Partido Republicano había vuelto a cerrar filas alrededor de Trump y a minimizar la gravedad de lo ocurrido. Lo que el asalto al Capitolio demostró, en última instancia, es que la democracia no es un estado permanente sino un proceso continuo que requiere actores dispuestos a defenderla activamente, incluso cuando eso tiene costos políticos. Cuando esos actores escasean —cuando el cálculo electoral prima sobre el compromiso institucional— la fragilidad que siempre estuvo ahí se vuelve visible.