La transición hacia el Brexit y las fake news en Reino Unido

El 30 de enero de 2020, en la víspera de la salida formal del Reino Unido de la Unión Europea, Carolina Amoroso me convocó en TN para analizar el acuerdo de salida que había hecho posible el Brexit después de años de negociaciones que en más de una ocasión parecieron a punto de colapsar. El acuerdo de retirada negociado por Boris Johnson —tras el fracaso de los intentos de Theresa May— incluía concesiones significativas del lado británico y dejaba sin resolver expedientes que seguirían siendo fuente de tensión durante años. Como especialista en política comparada con investigación en Oxford y miembro del CARI analicé qué había cedido cada parte, qué implicaba el período de transición y qué quedaba pendiente de resolver.

El acuerdo de salida del Brexit: lo que Johnson firmó y lo que dejó sin resolver

El 31 de enero de 2020 a las 23:00 hora del Reino Unido, el país abandonó formalmente la Unión Europea después de tres años y medio de un proceso que había producido dos primeras ministras desgastadas —May y el propio Johnson en sus primeros meses—, tres intentos fallidos de aprobar el acuerdo de retirada en el Parlamento, una prórroga del artículo 50 que el Reino Unido había activado en marzo de 2017, y una crisis constitucional que incluyó la suspensión ilegal del Parlamento por parte de Johnson —declarada ilegal por el Tribunal Supremo en septiembre de 2019. Que ese proceso terminara con la salida efectiva era, a esas alturas, casi un alivio institucional independientemente de la posición que se tuviera sobre el Brexit en sí.

El acuerdo de retirada que Johnson logró aprobar en octubre de 2019 —tras renegociar el punto más conflictivo del acuerdo de May: el llamado «backstop» de Irlanda del Norte— tenía tres componentes principales. El primero era el arreglo financiero: el Reino Unido se comprometía a pagar aproximadamente 33.000 millones de libras a la UE en concepto de obligaciones financieras contraídas durante su membresía —pensiones de funcionarios europeos, compromisos de gasto en programas en curso, contribuciones al presupuesto europeo hasta el fin del ciclo presupuestario. Esa cifra, muy inferior a los 100.000 millones que algunos negociadores europeos habían mencionado inicialmente, fue presentada por Johnson como una victoria.

El segundo componente —y el más políticamente cargado— era el Protocolo de Irlanda del Norte. Para evitar una frontera física entre las dos Irlandas que pudiera amenazar el Acuerdo de Viernes Santo de 1998, el acuerdo estableció que Irlanda del Norte permanecería alineada con las normas del mercado único europeo para bienes, mientras el resto del Reino Unido se separaba. En la práctica, eso creaba una frontera aduanera en el Mar de Irlanda: los bienes que pasaran de Gran Bretaña a Irlanda del Norte estarían sujetos a controles que antes no existían. Johnson firmó ese acuerdo y luego intentó renegociarlo unilateralmente —generando una de las mayores crisis diplomáticas de la relación UK-UE del período post-Brexit.

El tercer componente era el período de transición: hasta el 31 de diciembre de 2020, el Reino Unido seguiría en el mercado único y la unión aduanera mientras se negociaba el acuerdo de libre comercio que definiría la relación futura. Ese período fue insuficiente —como la mayoría de los expertos había advertido— para negociar un acuerdo de la complejidad requerida, y el acuerdo de comercio y cooperación que finalmente se firmó el 24 de diciembre de 2020 —literalmente en Nochebuena, horas antes de que venciera el plazo— fue un acuerdo de mínimos que evitó los aranceles sobre bienes pero dejó sin resolver la mayor parte de los expedientes de servicios, que representan el 80% de la economía británica.

Lo que el acuerdo de salida dejó sin resolver fue, en muchos sentidos, más significativo que lo que resolvió. La relación futura con Europa en servicios financieros —el sector más importante de la economía de Londres—, la movilidad de personas —que antes del Brexit era libre y que después requería visados y permisos de trabajo—, el reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales, y la cooperación en seguridad e inteligencia quedaron todos en un limbo de acuerdos ad hoc que se fueron negociando sector por sector durante los años siguientes.

Lo que el proceso del Brexit ilustra sobre la naturaleza de la integración económica profunda es una lección que los defensores del «divorcio limpio» subestimaron sistemáticamente: después de décadas de integración, separarse no es volver al punto de partida sino crear una nueva relación de interdependencia más costosa, más burocrática y menos eficiente que la que existía antes. El Brexit no fue el fin de la relación entre el Reino Unido y Europa: fue el inicio de una negociación permanente sobre los términos de esa relación, ahora desde fuera en lugar de desde dentro.