El Acuerdo de Groenlandia entre Trump y Dinamarca y la geopolítica del Ártico

El 19 de septiembre de 2026, Carolina Amoroso me convocó en TN para analizar dos episodios simultáneos que, leídos en conjunto, ofrecen una imagen precisa del estado del orden internacional en ese momento: el acuerdo bilateral entre EE.UU. y Dinamarca sobre Groenlandia —que actualizaría el tratado de defensa de 1951 bajo la presión sostenida de Trump— y la declaración conjunta de los líderes independentistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte que reabrió el debate sobre el futuro del Reino Unido. Dos geografías distintas, dos crisis distintas, pero una misma lógica de fondo: el debilitamiento de los marcos multilaterales y constitucionales del orden liberal de posguerra bajo la presión combinada del revisionismo de grandes potencias y las fracturas internas de los Estados que ese orden construyó. Como especialista en geopolítica con investigación en Oxford y seguimiento tanto de la política ártica como de la crisis constitucional británica, analicé ambos expedientes en una sola conversación.

Groenlandia y el Reino Unido: dos episodios, una misma erosión del orden liberal

El 19 de septiembre de 2026 ofreció uno de esos días en que el análisis internacional tiene que hacer malabares: dos noticias de geografías completamente distintas (el Ártico y las Islas Británicas) que comparten una lógica estructural que las conecta más de lo que la cobertura por separado permite ver. En ambos casos, marcos constitucionales y acuerdos internacionales construidos en la segunda mitad del siglo XX están siendo presionados hasta sus límites por fuerzas que esos marcos no anticiparon suficientemente.

El acuerdo sobre Groenlandia: cuando la presión produce resultados

Las declaraciones de Donald Trump sobre Groenlandia comenzaron en su primer mandato como provocaciones que el mundo diplomático descartó como retórica. En el segundo mandato adquirieron una consistencia y una concreción que Copenhague no pudo ignorar indefinidamente. El acuerdo bilateral que actualizaría el tratado de defensa de 1951 que establece la presencia militar estadounidense en Groenlandia y particularmente en la base aérea de Thule no es la anexión que Trump llegó a sugerir, pero tampoco es una victoria danesa: es una concesión significativa de soberanía funcional bajo presión de una potencia aliada.

Groenlandia ocupa un lugar en la geopolítica del siglo XXI que su posición en los mapas planos tiende a subestimar. Vista en proyección polar, la isla es el punto más cercano de Europa a Norteamérica, el flanco norte de cualquier defensa del Atlántico, y el acceso más directo a rutas marítimas árticas que el deshielo climático está abriendo de forma acelerada. Esas rutas (el Paso del Noroeste y la Ruta del Mar del Norte) están reduciendo dramáticamente los tiempos de navegación entre Asia y Europa y entre Asia y la costa este de EE.UU., convirtiendo al Ártico en uno de los espacios geoestratégicos de mayor crecimiento del siglo.

En ese contexto, la insistencia de Trump sobre Groenlandia no es una excentricidad: es la expresión de una evaluación estratégica sobre cuál es la posición que EE.UU. necesita en ese espacio para no quedar en desventaja respecto a Rusia, que ha modernizado sus capacidades militares árticas de forma sistemática, y respecto a China, que se ha autodeclarado "estado casi ártico" y ha invertido en infraestructura, investigación y presencia diplomática en la región con una consistencia que contrasta con la relativa pasividad occidental.

Dinamarca, por su parte, se encontró en una posición extraordinariamente difícil: un aliado de la OTAN cuya potencia hegemónica le presiona para ceder soberanía funcional sobre su territorio autónomo, en un contexto en que el propio gobierno de Groenlandia (que tiene aspiraciones independentistas de largo plazo) evalúa sus opciones entre la soberanía plena, la mayor autonomía dentro de Dinamarca y algún tipo de acuerdo especial con EE.UU. que le garantice financiamiento y seguridad. El acuerdo de septiembre de 2026 congela temporalmente esa tensión sin resolverla.

El Reino Unido y la declaración conjunta: el unionismo a la defensiva

En paralelo, la declaración conjunta de los líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, analizada en detalle en la entrevista del 14 de septiembre, seguía generando resonancias políticas que la conversación con Carolina Amoroso retomó desde el ángulo de la reacción de Westminster. El gobierno laborista de Starmer se encontraba ante el mismo dilema estructural que sus predecesores: conceder un referéndum de independencia escocés fortalece al SNP y establece un precedente; negarlo alimenta el argumento independentista de que Londres no respeta la voluntad democrática de Escocia.

La novedad de 2026, es decir la coordinación entre los tres gobiernos de las naciones constituyentes, complica esa gestión porque hace más difícil tratar cada caso como un problema separado. Si Westminster ofrece más devolución a Escocia para contener el independentismo, Gales e Irlanda del Norte reclamarán el mismo tratamiento. Si se niega, la narrativa de que el gobierno central trata de forma diferente a las naciones según su capacidad de presión política se refuerza.

Lo que conecta el caso groenlandés y el británico es más profundo que la coincidencia temporal. En ambos, marcos constitucionales y acuerdos internacionales diseñados para la estabilidad de largo plazo están siendo presionados por actores (Trump en un caso, los movimientos independentistas en el otro) que tienen incentivos para desafiarlos y que han encontrado que el costo de hacerlo es menor de lo que esos marcos asumían. Cuando los acuerdos y las constituciones se mantienen más por inercia que por convicción activa de los actores que los sustentan, su fragilidad se hace visible exactamente en los momentos en que más se los necesita.

Si tu medio necesita análisis sobre la geopolítica del Ártico, el acuerdo sobre Groenlandia o las tensiones constitucionales en el Reino Unido, podéis contactarme aquí.