Canadá, genocidio cultural: instituciones educativas para pueblos originarios

El 20 de junio de 2021, Leticia Martínez me convocó en Futurock para analizar uno de los episodios más perturbadores que había ocupado las primeras páginas del mundo en esas semanas: el hallazgo de restos de niños indígenas en los terrenos de antiguas escuelas residenciales en Canadá, que reabrió con una intensidad renovada el debate sobre el sistema de internados que el Estado canadiense sostuvo durante más de un siglo con el objetivo explícito de asimilar forzosamente a los pueblos originarios, separándolos de sus familias, sus lenguas y sus culturas. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá ya había documentado ese sistema como «genocidio cultural» en 2015, pero el hallazgo de las fosas convirtió ese reconocimiento académico en una evidencia física que el país tuvo que confrontar de forma directa. Como especialista en historia contemporánea y miembro de REDAPPE, analicé qué ocurrió en esas escuelas y por qué llevó tanto tiempo que la palabra «genocidio» entrara en el vocabulario oficial.

Las escuelas residenciales de Canadá: cuando el Estado usa la educación como instrumento de destrucción cultural

En mayo de 2021, el hallazgo de los restos de 215 niños en los terrenos de la antigua escuela residencial de Kamloops en Columbia Británica —seguido de hallazgos similares en otros sitios— produjo en Canadá una conmoción que ninguna comisión de verdad, ningún informe gubernamental y ninguna disculpa oficial había logrado generar con la misma intensidad. Los huesos de los niños hicieron concreto y visible lo que la historia había documentado pero que la sociedad canadiense había procesado con la distancia cómoda que permite el reconocimiento abstracto del pasado sin confrontación plena con sus consecuencias.

El sistema de escuelas residenciales para niños indígenas en Canadá funcionó durante más de un siglo: desde la década de 1870 hasta la última escuela cerrada en 1996. En ese período, pasaron por ellas más de 150.000 niños indígenas, separados de sus familias por la fuerza —con apoyo de la legislación federal y la complicidad activa de las iglesias, principalmente la católica, la anglicana y la presbiteriana— con el objetivo explícito de «matar al indio dentro del niño», en la formulación del primer inspector de escuelas indígenas del país. Esa frase, pronunciada en el siglo XIX, resume con una brutalidad inadvertida lo que era el programa: no educación sino destrucción cultural sistemática.

Las condiciones en las escuelas fueron, en muchos casos, letales. La malnutrición, las enfermedades —especialmente la tuberculosis—, el hacinamiento y los abusos físicos y sexuales documentados produjeron una mortalidad que los archivos gubernamentales registraban sin consecuencias: se estima que entre 4.000 y 6.000 niños murieron en las escuelas, aunque la cifra real podría ser significativamente mayor dado que muchos registros fueron destruidos o nunca existieron. Los cuerpos de los niños que morían frecuentemente no eran devueltos a sus familias y eran enterrados en los propios terrenos de las escuelas, muchas veces sin marcas ni notificación a los padres.

La pregunta que el hallazgo de 2021 volvió a plantear con urgencia es por qué llevó tanto tiempo —y qué tuvo que ocurrir— para que la palabra «genocidio» entrara en el vocabulario oficial canadiense. La respuesta tiene varias capas. La primera es política: Canadá construyó su identidad nacional sobre una narrativa de tolerancia, multiculturalismo y respeto por los derechos humanos que hace especialmente difícil la confrontación con episodios que contradicen esa narrativa de forma directa. Reconocer el genocidio cultural —y eventualmente el genocidio a secas, como argumentan varios académicos— implica repensar no solo el pasado sino las estructuras de poder que persisten en el presente.

La segunda capa es jurídica: el reconocimiento formal del genocidio tiene consecuencias legales e indemnizatorias que el Estado canadiense ha gestionado con cuidado para limitar su alcance. Los acuerdos de compensación con los sobrevivientes de las escuelas —que comenzaron en los años 2000 y se extendieron durante más de una década— fueron el mecanismo elegido para gestionar la responsabilidad sin establecer un precedente de reconocimiento pleno que pudiera tener implicancias más amplias.

La tercera capa es la más incómoda: el papel de las iglesias. La Iglesia Católica —que gestionó la mayoría de las escuelas residenciales— tardó décadas en ofrecer una disculpa formal, y cuando el Papa Francisco finalmente visitó Canadá en julio de 2022 para pedirla en persona en suelo canadiense, el gesto fue reconocido como significativo por muchos sobrevivientes pero insuficiente por quienes consideran que una disculpa sin reparación material y sin plena apertura de archivos no cierra el proceso.

Lo que las escuelas residenciales de Canadá revelan sobre los Estados coloniales no es excepcional: es estructural. La violencia sobre los pueblos indígenas no fue una desviación del proyecto civilizatorio occidental sino una de sus expresiones más consistentes. Reconocer eso —con todas sus implicancias para el presente— es el trabajo que Canadá, y muchos otros países, todavía tiene pendiente.