El recuento de las elecciones en EEUU 2020

El 5 de noviembre de 2020, con el recuento en pleno desarrollo y Trump ya anunciando irregularidades sin evidencia, fui entrevistado en Radio Mendoza para analizar el proceso de disputa jurídica y política que la campaña republicana estaba poniendo en marcha para impugnar los resultados. Lo que se estaba viendo no era solo un recuento electoral: era el inicio de una campaña sistemática para cuestionar la legitimidad del proceso democrático, con consecuencias que se extenderían mucho más allá de esas semanas y que culminarían en el asalto al Capitolio de enero de 2021. Como especialista en política exterior y ex becario Fulbright, analicé cómo se estaba desarrollando ese proceso y qué implicaba para el debate sobre la legitimidad electoral en EE.UU.

Trump no acepta la derrota: cómo se construye una narrativa del fraude sin evidencia

El 4 de noviembre de 2020, antes de que el recuento de varios estados clave estuviera completo, Donald Trump se declaró ganador de las elecciones y anunció que la continuación del conteo de votos era una forma de robo electoral. Esa declaración —hecha sin ninguna evidencia y contradicha por las autoridades electorales de los propios estados, muchos de ellos gobernados por republicanos— fue el punto de partida de un proceso que los analistas empezaron a llamar la «gran mentira» y que tiene consecuencias sobre la confianza en el sistema electoral estadounidense que perduran hasta el día de hoy.

Lo que siguió en las semanas posteriores fue una campaña jurídica y mediática de una escala sin precedentes en la historia electoral moderna de EE.UU. El equipo legal de Trump presentó más de sesenta demandas en estados clave, alegando irregularidades en el recuento, en el voto por correo, en la gestión de los centros electorales y en el comportamiento de los funcionarios locales. Todas esas demandas fueron desestimadas por los tribunales —incluyendo los nombrados por el propio Trump— por falta de evidencia. El Tribunal Supremo, con tres magistrados designados por Trump en su primera presidencia, rechazó igualmente las impugnaciones.

La dimensión más reveladora de ese proceso no fue jurídica sino política: la disposición de una parte significativa del Partido Republicano a acompañar la narrativa del fraude incluso cuando sus propios asesores jurídicos les decían que no había evidencia que la sustentara. Esa disposición no puede explicarse solo por lealtad a Trump: refleja un cálculo político sobre los costos de contradecirlo y sobre la base electoral que había internalizado esa narrativa y que castigaría a cualquier republicano que la cuestionara públicamente.

El récord de participación electoral —más de 155 millones de votantes, alrededor del 66% de la población habilitada, la tasa más alta desde 1900— fue en sí mismo un dato revelador del nivel de movilización que la presidencia de Trump había generado en ambos sentidos: una movilización anti-Trump que llevó a millones de ciudadanos que nunca habían votado a hacerlo, y una movilización pro-Trump que produjo los 74 millones de votos para el candidato republicano. Esa participación excepcional fue, paradójicamente, parte de lo que Trump intentó usar para argumentar irregularidades: el volumen inusual de voto por correo —expandido por la pandemia— fue presentado como sospechoso cuando en realidad era la consecuencia directa de una crisis de salud pública que hacía peligroso el voto presencial.

Lo que la campaña jurídica de Trump reveló sobre el sistema electoral estadounidense tiene dos lecturas posibles. La primera, optimista: el sistema resistió. Los tribunales rechazaron las impugnaciones, los funcionarios electorales —incluyendo republicanos en estados clave como Georgia, Arizona y Michigan— certificaron los resultados correctos bajo una presión política enorme, y la transferencia de poder ocurrió, aunque tardíamente y en condiciones traumáticas. La segunda, más sobria: el sistema resistió esta vez, pero quedó expuesto a una vulnerabilidad que no existía antes en la misma dimensión —la posibilidad de que un candidato derrotado construya una narrativa de fraude con suficiente respaldo político como para que millones de ciudadanos la crean y actúen en consecuencia. Esa vulnerabilidad —la de la confianza en el proceso electoral como bien común que requiere el respeto activo de todos los actores para funcionar— es la que el asalto al Capitolio de enero de 2021 expuso en su forma más extrema. Y es la que sigue siendo el desafío más profundo de la democracia estadounidense, independientemente de quién gane cualquier elección futura.