Latin America’s unequal vaccine campaign

El 25 de abril de 2021, Alejandro Trenchi me entrevistó en Latin America News Dispatch para analizar las profundas desigualdades que caracterizaban las campañas de vacunación contra el COVID-19 en América Latina: una región que a mediados de 2021 era el epicentro global de la pandemia por número de muertes y que al mismo tiempo mostraba disparidades enormes en el acceso a las vacunas, tanto entre países como dentro de ellos. Como investigador del proyecto OxCGRT de la Escuela de Gobierno Blavatnik de la Oxford y por mi seguimiento de la agenda regional, analicé qué factores estructurales explicaban esas desigualdades y qué revelaban sobre los límites del multilateralismo sanitario global.

La vacunación desigual en América Latina: cuando la geopolítica decide quién se salva

En el primer semestre de 2021, América Latina concentraba alrededor del 30% de las muertes globales por COVID-19 a pesar de tener apenas el 8% de la población mundial. Esa desproporción —brutal en sí misma— se producía en un contexto donde el acceso a las vacunas estaba profundamente condicionado no por criterios epidemiológicos sino por capacidad de pago, vínculos diplomáticos y posicionamiento geopolítico. La pandemia, que en su primera fase había sido presentada como un igualador universal, resultó ser un amplificador de las desigualdades preexistentes.

Las brechas en el acceso a las vacunas en América Latina operaban en dos niveles simultáneos. El primero era el nivel internacional: la diferencia entre los países de la región que lograron acceder tempranamente a las vacunas —principalmente a través de acuerdos bilaterales con proveedores como Pfizer, AstraZeneca, Sinovac o Sputnik V— y los que quedaron dependientes del mecanismo COVAX de la OMS, que a pesar de sus promesas distribuyó dosis con retrasos significativos y en cantidades insuficientes para cubrir a las poblaciones más vulnerables.

Chile fue el caso más citado de vacunación rápida en la región: su acuerdo temprano con Sinovac y su infraestructura de salud pública le permitieron vacunar a una proporción de su población que superaba a muchos países europeos a mediados de 2021.

Brasil tuvo un acceso relativamente amplio pero una gestión política caótica bajo Bolsonaro que ralentizó la campaña y generó escándalos de corrupción en la contratación. Argentina apostó principalmente a la Sputnik V rusa —en un momento en que la vacuna todavía no tenía aprobación de la OMS— y combinó esa apuesta con dosis de AstraZeneca y Sinopharm, con resultados dispares en términos de velocidad de distribución. Los países de Centroamérica y el Caribe fueron los más rezagados, dependiendo casi exclusivamente de COVAX y de la donación de excedentes de países más ricos.

El segundo nivel de desigualdad era intra-nacional. Dentro de cada país, el acceso a las vacunas reproducía —y en algunos casos amplificaba— las brechas estructurales preexistentes: entre zonas urbanas y rurales, entre sectores formales e informales de la economía, entre poblaciones con acceso a información digital y las que dependían de canales presenciales, y entre grupos que podían tomarse tiempo libre para hacer colas en centros de vacunación y los que no podían permitirse perder un día de ingresos. Las poblaciones indígenas y afrodescendientes, históricamente subatendidas por los sistemas de salud, fueron en muchos países las últimas en ser alcanzadas por las campañas.

Lo que la distribución desigual de vacunas reveló sobre la arquitectura global de salud pública es algo que los especialistas en gobernanza internacional venían advirtiendo desde mucho antes de la pandemia: la ausencia de mecanismos vinculantes de distribución equitativa en emergencias sanitarias globales. COVAX fue el intento más ambicioso de construir ese mecanismo, pero su diseño —dependiente de contribuciones voluntarias de los países ricos y de acuerdos de compra anticipada con farmacéuticas privadas— lo hizo estructuralmente incapaz de competir con los acuerdos bilaterales que los países con mayor poder de compra negociaron directamente. Cuando los países ricos compraron el triple o el cuádruple de las dosis que necesitaban para inmunizar a sus poblaciones, dejaron un mercado empobrecido para el resto.

La discusión sobre la exención de patentes para las vacunas —impulsada por India y Sudáfrica en la OMC y bloqueada durante meses por EE.UU., Europa y el Reino Unido— fue la expresión más visible de esa tensión entre los intereses de las farmacéuticas y los derechos de los países en desarrollo a acceder a tecnología de salud en condiciones de emergencia. La eventual decisión de la administración Biden de apoyar la exención fue un gesto tardío que no cambió sustancialmente la dinámica de distribución en el corto plazo.

Para América Latina, la pandemia y la campaña de vacunación desigual dejaron una lección política que trasciende la salud pública: la soberanía sanitaria —la capacidad de producir medicamentos y vacunas propias— es un componente de la seguridad nacional que la región ha descuidado históricamente. Los países que tenían capacidad productiva —Brasil con Fiocruz, Argentina con mAbxience— pudieron negociar acuerdos de transferencia tecnológica y de producción local que les dieron más margen de maniobra. Los que no, quedaron a merced de un mercado global que en emergencia funciona como cualquier mercado: priorizando a quien puede pagar más.