
miércoles, 20 de enero de 2021
Empieza la era Biden: tres desafíos que marcarán los 100 primeros días
Los primeros 100 días de Biden definirían el tono de su presidencia. Cuáles fueron los desafíos reales que encontró al asumir y cómo los encaró.
Entrevistado por Gonzalo Báñez en TN
El 20 de enero de 2021, el día mismo de la asunción de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, Gonzalo Báñez me consultó en TN para analizar los desafíos que definiría los primeros cien días de su mandato. Biden llegaba al poder en uno de los momentos más complejos de la historia reciente de EE.UU.: una pandemia que seguía descontrolada, una economía en recesión, una sociedad profundamente dividida tras cuatro años de Trump y un asalto al Capitolio apenas dos semanas antes de su asunción que había dejado en evidencia la fragilidad de las instituciones democráticas estadounidenses. Como especialista en política exterior estadounidense y ex becario Fulbright, analicé cuáles eran los tres desafíos principales que enfrentaba la nueva administración y cómo los estaba encarando.
La era Biden: por qué los primeros cien días importaban más de lo habitual
Los primeros cien días de una presidencia son, en la política estadounidense, una convención analítica con raíces en el New Deal de Franklin Roosevelt: el período en que un presidente tiene el mayor capital político —la luna de miel con el Congreso, la prensa y la opinión pública— y en que las decisiones tomadas fijan la dirección del mandato con una claridad que luego es más difícil de mantener. Para Biden, ese período tenía una urgencia excepcional: no se trataba solo de instalar una agenda sino de demostrar que el Estado podía funcionar después de cuatro años en que la confianza en las instituciones había sufrido un deterioro sin precedentes en la historia moderna de EE.UU.
El primer desafío —y el más inmediato— era la pandemia. Biden había hecho de la gestión del COVID-19 el eje central de su campaña, criticando el caos de la respuesta de Trump y prometiendo una coordinación federal que la administración saliente había deliberadamente evitado. Al asumir, el país acumulaba más de 400.000 muertos, la campaña de vacunación avanzaba con lentitud y varios estados seguían sin implementar medidas de mitigación coherentes. Las primeras órdenes ejecutivas de Biden —obligatoriedad del uso de mascarillas en propiedades federales, reincorporación a la OMS, coordinación con los estados para acelerar la vacunación— señalaron un cambio de postura inmediato, pero la escala del desafío hacía que cualquier mejora fuera necesariamente gradual.
El segundo desafío era económico. La pandemia había producido la recesión más rápida de la historia estadounidense y, aunque la recuperación había comenzado, la economía seguía muy por debajo de su nivel prepandémico, con millones de trabajadores en sectores de servicios todavía sin empleo. El paquete de estímulo de 1,9 billones de dólares —el American Rescue Plan— fue la respuesta de Biden: una apuesta fiscal keynesiana que rompía con el consenso de austeridad que había dominado la respuesta a la crisis de 2008 y que reflejaba la influencia de economistas como Janet Yellen —designada secretaria del Tesoro— que habían aprendido la lección de la recuperación insuficiente de la década anterior. El debate sobre si ese estímulo fue excesivo —y si contribuyó a la inflación que llegó meses después— sigue siendo una de las controversias económicas más activas del período.
El tercer desafío era el más estructural y el más difícil de resolver con decretos o legislación: la fractura política y social de EE.UU. El asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 no fue un accidente: fue la expresión más violenta de una polarización que llevaba décadas construyéndose y que había alcanzado en los años de Trump un nivel que amenazaba la funcionalidad básica de la democracia estadounidense. Biden llegó con un discurso de unidad y reconciliación que era políticamente necesario pero que chocaba con una realidad en que los incentivos de los actores políticos del Partido Republicano —especialmente en la Cámara de Representantes— apuntaban exactamente en la dirección opuesta: la radicalización como estrategia electoral.
Lo que los primeros cien días de Biden mostraron fue una administración capaz de gestionar con competencia técnica —el despliegue de vacunas aceleró notablemente, el estímulo fiscal fue aprobado, los compromisos internacionales —Acuerdo de París, OMS, relación con aliados— fueron reinstalados rápidamente— pero con límites claros en su capacidad de reconfigurar la dinámica política de fondo. La unidad que Biden prometió no llegó: el Partido Republicano cerró filas alrededor de la narrativa del fraude electoral y bloqueó sistemáticamente la agenda legislativa, forzando al presidente a gobernar mediante órdenes ejecutivas en una proporción que él mismo había criticado en su adversario.
Para América Latina, la llegada de Biden fue recibida con alivio en muchas cancillerías que esperaban un retorno a la previsibilidad multilateral después de cuatro años de Trump. Ese alivio fue parcialmente justificado —el tono cambió, la retórica mejoró, el multilateralismo volvió al lenguaje oficial— pero no resolvió las tensiones estructurales de la relación hemisférica: la política migratoria siguió siendo más restrictiva de lo que el discurso de campaña sugería, y los intereses económicos y geopolíticos de Washington en la región continuaron primando sobre los compromisos de derechos humanos y democracia.
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